El 22 de mayo, el sacerdote argentino Justo José Ilarraz, fue condenado por el Tribunal de Justicia de Entre Ríos a 25 años de prisión domiciliaria por el delito de abusos sexuales contra adolescentes.
Sin embargo, la condena por “promoción de la corrupción de menores agravada y de abuso deshonesto agravado” ocurridos entre 1984 y 1995 podría ser revertida si la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la prescripción del delito, planteada por la defensa del sacerdote.
Durante casi tres décadas, Ilarraz fue prefecto de disciplina de los estudiantes del Seminario de Paraná, Nuestra Señora del Cenáculo, provincia de Entre Ríos. Allí habría abusado de unos 50 menores de edad.
En 1995 se inició un proceso canónico que culminó con la expulsión del sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná dos años después. Sin embargo, fue trasladado a otra ciudad y tiempo después realizó estudios de Misionología en el Vaticano, consignó el diario La Nación.
A su regreso, se instaló en Tucumán, norte del país, y en 2012 siete víctimas denunciaron los abusos ante la justicia argentina.
Luego de la resolución del tribunal, el Arzobispo de Paraná, Mons. Juan Alberto Puiggari, ratificó su confianza “en la acción y decisión del tribunal” y aclaró que “la expulsión del estado clerical sólo puede ser impuesta por decisión exclusiva de la Santa Sede y no de la Arquidiócesis”.
“Reiteramos que, en su momento, no supimos encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas, y nunca dejaremos de sentir dolor por eso”, manifestó a través de un comunicado.
Asimismo, Mons. Puiggari explicó que al “tomar conocimiento de nuevas acusaciones que se sumaron a las anteriores”, se inició otro proceso canónico que está “a la espera de su resolución por parte del tribunal pertinente”.
“Reiteramos, nuestro rechazo y nuestro repudio a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia”, aseguró.
“Desde esa experiencia, hemos transitado un período de reconocimiento y de evolución que está generando cambios trascendentes en la búsqueda de la contención y la prevención”, como la creación de espacios y programas de protección a menores, concluyó el comunicado.
En septiembre de 2017 el sacerdote Juan escobar Gaviria, perteneciente a la misma arquidiócesis, también fue condenado a 25 años de prisión por abuso sexual de menores.
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