El régimen comunista de Cuba ha preparado una ley que, entre otros puntos peligrosos, impedirá la justa defensa de los disidentes y otros inocentes injustamente apresados en la isla.
El Tribunal Supremo Popular, la máxima autoridad judicial de Cuba, elaboró en mayo de este año una serie de propuestas legislativas que envió a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento de la isla, para su aprobación.
Entre estas propuestas se encuentra el “Proyecto de Ley del Proceso Penal”, que podría equiparar el papel de un abogado defensor de disidentes con el de un “empleado o funcionario público”, poniéndolo a merced de las presiones y sanciones del régimen cubano.
Un grupo de abogados cubanos, que pidieron hablar con ACI Prensa bajo condición de anonimato por temor a represalias del régimen comunista, advirtió que este proyecto de ley “atentaría contra la imparcialidad”, porque al mismo tiempo “la Fiscalía representa al Estado, es un funcionario público. Imagínate si el abogado también”.
Los abogados señalaron que “esto es algo que desde hace muchos años se ha intentado llevar a cabo, pero no se había encontrado la manera de implementarlo en una modificación de la ley”.
“Pero ahora, con un nuevo texto procesal penal, se intenta introducir muy solapadamente”, indicaron.
Los textos más controversiales del proyecto de ley se encuentran en la quinta disposición especial, donde se define qué es un empleado y un funcionario público.
En los incisos “e” y “f” se indica que empleados y funcionarios públicos están vinculados a organismos “de carácter público” y del Estado, realizando “funciones legislativas, ejecutivas o judiciales”, entre otras.
Sin embargo, el inciso “g” añade que “se consideran, también, empleados o funcionarios públicos: aquellas personas que, en el sector no estatal, así como en entidades extranjeras u organizaciones internacionales públicas, ejercen cargos o funciones similares a las descritas en los incisos e) y f) cuando los hechos delictivos se deriven de su relación con el Estado o sus instituciones”.
Los juristas cubanos indicaron a ACI Prensa que si bien “no se menciona la palabra ‘abogado’, la generalidad de la expresión ‘sector no estatal’ es la manera de permitir esta interpretación donde los jueces no gozan de una auténtica independencia judicial”.
“Lo que se busca es una manera de ejercer presión sobre los abogados y, cuando haga falta, quitarlos del medio. Ya tienen la vía”, señalaron.
“Y quitarlos del medio”, advirtieron, podría significar “sacarlos de circulación totalmente al imponerles una sanción penal, lo cual trae además como consecuencia la expulsión de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única institución de su tipo en la isla para la prestación de servicios jurídicos de defensa penal a personas naturales”.
Los jueces que integran el Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la misma que elige al presidente del país.
En Cuba hay un único partido político, el Partido Comunista.
Desde el 11 de julio Cuba ha vivido una ola de protestas que exigen el fin de la dictadura comunista, iniciada por Fidel Castro hace 62 años.
Fidel Castro, muerto en 2016, entregó el poder a su hermano menor Raúl en el 2006.
Miguel Díaz-Canel es el actual presidente de Cuba, tras ser nombrado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2019. Sin embargo, diversos críticos apuntan a que se trata solo de una apariencia, mientras Raúl Castro retiene el poder.
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