El Obispado de Ancud (Chile) manifestó su profundo dolor y molestia por la decisión del Ministerio Público de pedir la suspensión del juicio contra el sospecho de haber provocado el incendio de la iglesia San Francisco, quedando impune el hecho ocurrido el 22 de enero de 2020.
La madrugada de ese día, un voraz incendio destruyó por completo la iglesia San Francisco ubicada en la Isla de Chiloé, en el sur del país. Además, se quemaron dependencias aledañas y el párroco resultó con heridas leves al tratar de salvar documentación histórica.
Desde entonces se inició una investigación para establecer las causas del incendio calificado como intencional contra esta iglesia considerada patrimonio histórico.
El único sospechoso detenido el día del siniestro, en los alrededores de la iglesia, fue un joven de 24 años, a quien se descartó con un peritaje psiquiátrico que tuviera patologías mentales.
Luego de permanecer durante un año en el Centro de Detención Preventiva de Chiloé, se le decretó el arresto domiciliario en abril de 2021.
El 23 de junio de 2021 el Ministerio Público solicitó al Tribunal Oral en lo Penal de Castro el sobreseimiento definitivo de la causa de incendio provocado que afectó a la iglesia San Francisco de Ancud el 22 de enero de 2020.
En un comunicado difundido el 30 de junio, el Obispado precisó que la decisión del Ministerio Público se debe a "la exclusión de prueba considerada esencial para probar la participación del acusado en el delito de incendio, facultad que se encuentra contemplada en el Art. 277 inciso final del Código Procesal Penal".
"Como víctimas lamentamos profundamente la decisión del ente persecutor, las que se encuentran fundadas en exclusión de prueba realizada por el Tribunal de Garantía de Ancud y confirmadas por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Estos tribunales consideraron ilegales las diligencias realizadas el mismo día de ocurridos los hechos".
El Obispado de Ancud "deplora que la decisión se funde en falencias de la investigación realizadas por el Ministerio Público y los órganos auxiliares de éste, quienes no realizaron un trabajo profesional adecuado afectando garantías constitucionales del acusado, todo lo cual se tuvo como fundamento en la exclusión de prueba realizada por nuestros tribunales de justicia".
"Como víctimas entendemos que nos encontramos en un Estado de derecho en donde las garantías fundamentales resguardadas por nuestra Constitución deben ser respetadas y, por tanto, la obtención de prueba no puede ser realizada con infracción de tales, pero también nos encontramos profundamente molestos y dolidos por el actuar del ente persecutor y los órganos auxiliares, puesto que la deficiencia en su trabajo afectó el resultado del juicio".
"Lo anterior, trajo como consecuencia que un hecho tan grave como el incendio intencional de la iglesia San Francisco de Ancud quede impune habiendo tenido pruebas para alcanzar la verdad y la justicia adecuada".
Asimismo, expresó que si bien, “desde el mismo día del incendio, en nuestro espíritu prima el perdón cristiano, no podemos dejar de sentirnos decepcionados por quienes deben administrar justicia en hechos tan graves como los ocurridos. El perdón no excluye la necesaria verdad y justicia para estos delitos como otros que afectan a nuestra sociedad chilena”.
Reconstrucción
En marzo de 2020 la comunidad parroquial inició una campaña para reunir fondos para construir una capilla y reconstruir la casa pastoral, que fue dañada en un 70%.
De esa manera, se han vendido bonos, se han recibido depósitos en la cuenta bancaria parroquial, se realizaron bingos y una colecta comunal.
Por el momento, con el apoyo de Ayuda a la Iglesia que Sufre Chile, se ha levantado un salón multiuso que servirá de capilla provisoriamente.
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