El sacerdote cubano Eduardo Llorens, de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, compartió su testimonio como uno de los miembros del clero que acompaña a los cientos de detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio contra el régimen comunista de Cuba.
El P. Eduardo Llorens, de 57 años, fue ordenado sacerdote hace 18 años y pertenece a la Compañía de Jesús desde hace 26 años. Actualmente colabora en la parroquia San Miguel del Padrón en La Habana, es coordinador de la Colaboración para la Misión y dirige la Oficina de Espiritualidad Ignaciana, el Centro de Espiritualidad Padre Arrupe y el Apostolado de la Oración en Cuba.
En una entrevista concedida a ACI Prensa el viernes 30 de julio, el jesuita y abogado de profesión explicó que, tras las masivas protestas del 11 de julio en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel, se continúan realizando juicios sumarios en Cuba, los cuales son legales y están “contemplados en la Ley de Procedimiento Penal”, pero “dejan al acusado en una situación de indefensión”.
“El abogado se puede personar y ver el expediente unos momentos antes del juicio, si los familiares logran reunir el dinero y encuentran un abogado que quiera defender el caso. Es prácticamente imposible que la defensa pueda en tan poco tiempo buscar otras pruebas que exculpen a su defendido. Los testigos son el instructor del caso (el que realiza la investigación) y los policías que llevaron a cabo la detención, y muchos de estos últimos no recuerdan la cara de los acusados, pues manifiestan que detuvieron a muchas personas”, explicó.
Asimismo, dijo que “si a lo anterior sumamos que el discurso oficial en la prensa única existente, la del gobierno, todo el tiempo es la aplicación del ‘peso de la ley’ el resultado son las sanciones máximas de privación de libertad para delitos que, de ser probados, admiten multas”.
El P. Llorens es también miembro actual del servicio de acompañamiento de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), el cual se enfoca en el asesoramiento para la presentación de recursos de Habeas Corpus, la ayuda para la localización de detenidos, orientación en cuanto a los datos que deben de averiguar y el acompañamiento espiritual/psicológico a familiares tras los acontecimientos del 11 de julio.
“Sobre todo nos dedicamos al acompañamiento espiritual y psicológico a los familiares y detenidos si son puestos en libertad, pues la forma y manera en que son detenidos y su estancia en centros de detención ocasiona en muchos casos problemas psicológicos”, comentó.
Díaz-Canel, presidente de Cuba, llamó a los simpatizantes del régimen a responder con violencia a los manifestantes que reclamaban libertad, cambios tras meses de escasez de alimentos, medicinas y el colapso de los hospitales por la pandemia de coronavirus.
Organismos de derechos humanos aseguran que se han realizado cientos de detenciones injustificadas a manos de las autoridades.
La prensa internacional informó que 12 cubanos arrestados en las protestas recibieron el miércoles 21 de julio condenas de 10 meses a un año de prisión tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado.
El 24 de julio la BBC informó que la adolescente cubana de 17 años, Gabriela Zequeira, había sido condenada, junto a otras 11 acusadas, a ocho meses de prisión en uno de los juicios sumarios tras haber sido declarada culpable por “desorden público”.
Según el P. Llorens las cifras exactas de las detenciones no han sido informadas por el gobierno, pero organizaciones independientes mencionan unos 700 o incluso 1.000 detenidos.
“Lo cierto es que fueron muchos detenidos. Algunos están en sus casas con prisión domiciliaria a la espera de juicio, otros bajo fianza y una gran mayoría en prisión provisional a la espera de juicios”, comentó el jesuita.
Además, recordó que la semana pasada aproximadamente “a unas 50 personas les hicieron juicios”, y de estos, “algunos por la presión internacional y luego de haber apelado al Tribunal Provincial, han sido puestos en prisión domiciliaria a la espera de juicio de apelación, estos han sido sobre todo casos muy mediáticos o conocidos”.
“Si a todo lo anterior sumamos lo enrevesado de las leyes cubanas (sobre todo la de procedimiento penal) la falta de cultura jurídica en la población cubana y el desconocimiento de la inmensa mayoría de las familias de los detenidos de los procesos penales, el resultado final es un cóctel de desconocimiento jurídico, del cual se aprovechan las autoridades”, lamentó el presbítero.
El jesuita también alertó que “en el momento actual, en que la pandemia en Cuba tiene cifras que son de las peores del mundo, muchos de los detenidos si no tienen COVID pueden adquirirlo por la falta de higiene y hacinamiento en los centros de detención, que se encuentran abarrotados de personas”.
Posición frente a las protestas del #11J
El P. Llorens dijo que las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio, en unas 36 ciudades y pueblos cubanos, “no fueron convocados por nadie, ni por personas en Estados Unidos, y tampoco fue planificada”.
“Las personas reclamaban fundamentalmente: ‘Libertad’, ‘no tenemos miedo’, ‘abajo la dictadura’, etc…”, añadió.
El sacerdote jesuita denunció que el presidente Díaz-Canel “convocó a una guerra o batalla civil” utilizando expresiones ante la prensa oficialista como “la orden de combate está dada” o haciendo un llamado a “enfrentar” las manifestaciones.
“Esto es muy grave, a modo de ejemplo la comunidad internacional se escandaliza cuando mandatarios de un país convocan a batallas, guerras o luchas internas en sus países por motivos étnicos o religiosos; sin embargo en Cuba se convoca a una batalla por diferencias políticas e ideológicas y nadie se escandaliza”, reclamó.
Para el P. Llorens “con esta ‘arenga’ a favor de una guerra civil el presidente ha perdido el poco ‘capital político’ que le quedaba”.
Cuando se le preguntó si las protestas aún continuaban en las calles de La Habana, el jesuita contó que “continuaron el 12 de julio, pero luego no hubo más, al menos de la envergadura de las del día 11”.
“Es lógico al militarizar las calles y movilizar todo el aparato represivo no queda oportunidad de manifestarse pacíficamente”, enfatizó.
Asimismo, denunció “las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (especie de paramilitares armados con palos y piedras) dispuestos a salir a dar golpes y reprimir a los que se manifiesten de manera pacífica”.
El P. Llorens también denunció que “el Estado cubano se robó la narrativa de los hechos del 11 de julio quitando el internet en toda la isla” y “en forma paralela desarrolló una campaña de violencia verbal y física contra sus participantes, tildándolos de agentes de la CIA, anexionistas, traidores a la Patria, etc.”.
El P. Llorens cree que los hechos del 11 de julio han servido a las autoridades del régimen para hacer una especie de “limpieza política”, “instruyendo penalmente a personas que les molestaban con anterioridad por su posición contra el régimen”.
Futuro para la Iglesia y para Cuba
El sacerdote jesuita cree que es “muy difícil” augurar un buen futuro para la Iglesia Católica en Cuba y los ciudadanos, ya que “el régimen ha demostrado que es capaz de ejercer la violencia contra el pueblo ante el más mínimo reclamo de derechos por parte del mismo”.
Por otra parte, recordó que “el estado cubano está en quiebra total, en crisis y no ha sido capaz de gestionar mínimamente no solamente las dificultades de años anteriores, sino que la acumulación de problemas hace insostenible el funcionamiento mínimo de un país”.
“Lo anterior seguirá generando insatisfacción en la población, manteniéndose las condiciones para nuevas manifestaciones pacíficas. El pueblo cubano en los últimos 62 años no se había manifestado de esta manera contra el régimen, ahora ha perdido el miedo”, aseguró.
Para el P. Llorens “la solución sería escuchar las demandas de la población y comenzar a trabajar para solucionarlas”, pero “desgraciadamente este último escenario es muy difícil de que se dé”.
Finalmente, el sacerdote jesuita dijo que “gran parte de la sociedad cubana habló el 11 julio alto y claro: Libertad, ésta es la gran necesidad del pueblo cubano”. “Alcanzar la libertad no va a ser tarea fácil, pero desde la fe muchos continuarán aquello que se desencadenó el 11 de julio”.
“Mientras tanto seguimos apostando por la dignidad de todas las personas, por el derecho de manifestarse pacíficamente y a no ser encarceladas por hacerlo”, concluyó el sacerdote.
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