El Foro de la Familia ha criticado la intención de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de modificar el artículo 109.2 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para presionar a las escuelas concertadas, reducir el número de plazas que estas ofrecen a los alumnos y favorecer así a la escuela pública.
Este artículo establece que la oferta de plazas escolares se determina por la llamada “demanda social”, entre otros criterios. Es decir que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.
En el Consejo de Ministros celebrado ayer 4 de septiembre, Isabel Celaá aseguró que con la modificación busca “retirar el requisito de la demanda social”. Según la Ministra, este criterio es “un eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.
En España los colegios concertados son, en su gran mayoría, escuelas de ideario católico. Estos colegios son privados en su origen pero cuentan con la subvención de la administración local.
Celaá argumentó que “la educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo porque si constitucionalmente las personas tienen derecho de ser educadas, correlativamente el poder público tiene el deber de garantizar ese derecho”.
El director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, expresó su decepción por estas declaraciones de la Ministra y aseguró que se trata de “una idea de educación totalitaria, presa del Gobierno, y sin respetar los valores y creencias de todos los ciudadanos"
“La señora Celaá utiliza de manera sesgada el artículo 27.5 de la Constitución Española, confundiendo el deber del Estado de garantizar la educación a todos los ciudadanos con el afán de imponer su modelo. En este sentido, los argumentos que ha dado para eliminar el artículo 109.2 de la LOE modificado por la LOMCE, sobre la creación de centros concertados, no se sostienen con una mirada a la realidad de estas escuelas”, aseguró Rodríguez.
La Ministra afirma que con esta modificación de la LOMCE se pretende utilizar de manera “óptima” los recursos públicos que se destinan a la educación concertada. “Sin embargo, los datos avalan que los centros concertados suponen un importante ahorro al Estado (50% por aula) y son colaboradores necesarios e insustituibles para permitir al Gobierno cumplir con su mandato constitucional”, insistió el director general del Foro de la Familia.
En ese sentido Rodríguez precisó que está “de acuerdo” con el planteamiento de la Ministra de “una escuela inclusiva, de una escuela como ascensor, que opte por la excelencia y ofrezca a todos los ciudadanos llegar a donde se propongan”.
Pero Rodríguez también destacó que “en esa 'inclusión' deben tenerse en cuenta los valores y creencias de las familias. Imponiendo un modelo educativo exclusivo, apartando a los colaboradores leales que hacen posible estos objetivos, se consigue 'homogeneización', no inclusión".
Por eso desde el Foro de la Familia aseguraron que "vemos el diálogo que ha anunciado la Ministra como algo necesario, y le pedimos que sea un diálogo real, de escuchar a la otra parte y donde se busque el beneficio de los ciudadanos, no la imposición de ideologías y prejuicios".
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