La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), señaló que aunque se demostró que Huma Younus es menor de edad, los jueces no la liberaron, ni arrestaron a su secuestrador; por ello, expresan que la Corte Suprema sería la única esperanza de la muchacha católica.
Huma Younus fue raptada el 10 de octubre de 2016 en Karachi (Pakistán), con 14 años de edad. Luego de ser violada y convertida a la fuerza al islam, fue obligada a casarse con su secuestrador, el musulmán Abdul Jabbar.
El abogado que representa a los padres de Huma, Yabassum Yousaf, declaró a la fundación pontificia ACN que el 19 de marzo hubo una audiencia en el Tribunal Superior de Sindh, provincia donde se ubica Karachi, pero una vez más, la menor no fue llevada a la Corte como lo solicitaron los jueces.
Según reportó ACN, a pesar de que desde el principio los padres de Huma presentaron el certificado de nacimiento y bautizo de su hija que indican claramente que la fecha de nacimiento es el 22 de mayo de 2005; el secuestrador musulmán Abdul Jabbar siguió insistiendo que la niña es mayor de edad.
Por ello, la fundación pontificia dijo que la policía intentó contactar a Huma para realizar el exámen médico que corrobore su edad real; sin embargo, la policía fracasó muchas veces declarando que era imposible contactarla.
Finalmente, ACN informó que el 23 de marzo se anunció el resultado del exámen médico que, según declaraciones de los médicos, atribuyen a Huma la edad de 17 años. Si bien el hallazgo no corresponde a su verdadera edad; sin embargo, confirma que la niña es menor de edad, señaló la fundación pontificia.
Según ACN, los nuevos hallazgos demuestran que su conversión y su matrimonio fueron realizados ilegalmente. Sin embargo, a pesar de la evidencia, no se emitió una orden de arresto contra Abdul Jabbar, ni se le ordenó devolver a Huma a la casa de sus padres.
“Los jueces solo se limitaron a anunciar una nueva audiencia el 16 de abril de este año, fecha en la que Huma ya habría pasado 6 meses en manos de su torturador, siendo víctima de abuso diariamente”, dijo ACN.
“Esto confirma lo que siempre hemos creído”, dijo la madre de Huma, Nagheeno Younus a ACN. “Los jueces están esperando que el tiempo pase hasta que cumpla 18 años, para que puedan cerrar el caso. El hecho de que declaren que mi pequeña tiene 17 años será suficiente para que esperen unos meses y luego la abandonen a su suerte”, añadió.
Asimismo, ACN informó que existen serias dudas sobre la integridad de la policía local, encargada de supervisar el resultado del examen médico, pues en varias ocasiones, miembros de la policía actuaron en favor de los intereses del secuestrador Abdul Jabbar, quien incluso obligó a Huma a presentar una acusación contra sus propios padres, en la que supuestamente afirma que teme ser asesinada por su familia.
La filial italiana de la fundación pontificia ACN está acompañando a la familia y apoyándolos durante el proceso legal. “Nuestra esperanza es que una posible resolución favorable del caso pueda desanimar a nuevas conversiones forzosas de jóvenes cristianas”, dijo Alessandro Monteduro en el 2019, director de la filial. “Sin embargo, lamentablemente, todo está ocurriendo como lo temíamos”, dijo a ACN en el 2020.
“Los dos primeros niveles del Poder Judicial no le han hecho justicia a Huma. Pero no nos rendiremos y, junto con su abogada Yousaf, llevaremos el caso a la Corte Suprema. Finalmente, este fue el tribunal que liberó a Asia Bibi, aunque su liberación parece no traer ningún cambio para bien de las minorías religiosas en Pakistán”, agregó.
Actualmente, en Pakistán, país de mayoría musulmana, las minorías religiosas están expuestas a asesinatos y abusos por parte de fanáticos islámicos, que incluyen los matrimonios.
Lamentablemente, “los cristianos en su mayoría son analfabetos y no conocen sus propios derechos” y además, “son demasiado pobres para soportar los gastos legales para llevar el caso a los tribunales”, explicó la abogada de Huma a ACN en el 2019. Por ello, “los secuestradores lo tienen fácil, a menudo incluso los mismos agentes de policía, además de desanimar a los padres, indican a los secuestradores escapatorias legales”, dijo Yousaf.
El caso más emblemático de privación de libertad es el de Asia Bibi, una madre de cinco hijos que fue “prisionera del fanatismo”; falsamente acusada de blasfemia en el 2009 en una discusión por un poco de agua y sentenciada a muerte en la horca. Estuvo detenida hasta octubre de 2018, cuando la Corte Suprema revocó su condena; sin embargo, no fue hasta mayo de 2019 que pudo salir de Pakistán y ahora vive exiliada en Canadá, en un lugar no revelado.
La ley de blasfemia es actualmente utilizada para condenar bajo pena de muerte a las minorías religiosas. Según el Centro para la Justicia Social, más de 1.500 personas, la mayoría de ellas cristianas o miembros de la minoría musulmana ahmadí, fueron acusadas de blasfemia entre 1987 y 2017 y al menos 75 personas fueron asesinadas.
Los abogados de los cristianos en Pakistán también son víctimas de ataques y amenazas de grupos extremistas islámicos, así como abandono y aislamiento, por lo que evitan tomar casos de cristianos acusados de blasfemia, dijo Saif ul-Malook a la agencia Fides este año, quien declaró vivir amenazado por defender a Bibi.
“Los jueces tienen miedo y, en la gran mayoría de los casos, aceptan las pruebas condenando a la persona acusada de blasfemia", añadió el abogado.
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