REDACCIÓN CENTRAL, 02 Sep. 16 / 02:32 pm (ACI).- En medio del proceso entre Violeta Cristina Gómez y la ONG Promsex contra el ministerio de Salud (MINSA), que exige la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, tres mujeres peruanas presentaron un recurso ante el Poder Judicial, alegando un “proceso presuntamente fraudulento”, porque ambas partes en el juicio estarían de acuerdo en una sentencia condenatoria al organismo del Estado.
En 2014, Violeta Cristina Gómez, asesorada legalmente por Promsex, abrió un proceso contra el ministerio de Salud, exigiendo que el organismo del Estado distribuya de forma gratuita la píldora del día siguiente –conocida también como anticoncepción oral de emergencia, de potencial efecto abortivo– en sus instalaciones.
El 22 de agosto de este año, el juez David Suárez Burgos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, dictó una medida cautelar, a espera de una sentencia definitiva, que obligaría al ministerio de Salud a distribuir la píldora del día siguiente en un plazo de 30 días.
Esta medida contradice la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional, que prohíbe la distribución pública de la píldora, por su potencial efecto abortivo, reconocido por los fabricantes y la agencia estadounidense de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Para las tres mujeres que se presentaron ante el Poder Judicial para intervenir en el juicio entre Violeta Cristina Gómez y el ministerio de Salud, denunciante y denunciado pretenderían conseguir una sentencia favorable a la distribución de la sustancia de potencial abortivo.
En declaraciones para ACI Prensa, el abogado Juan Carlos Puertas, que representa a las tres mujeres, señaló que “es evidente que existe un proceso a todas luces irregular”.
“Y digo solo irregular por no decir que existen suficientes indicios como para suponer que se cumplen los requisitos exigidos por la normatividad procesal para calificarlo como un proceso presuntamente fraudulento”, advirtió.
“En este caso, como nunca en mi carrera me he quedado perplejo de ver al demandado en un proceso casi saltar de alegría porque le imponen una medida cautelar”, señaló el jurista, pues “un proceso judicial regular supone la existencia de dos partes, donde ambas tienen pretensiones contradictorias y es el juez quien decide la disputa”.
Los elementos para denunciar el presunto proceso fraudulento “están a la vista de todos” dijo el jurista, indicando que el ministerio de Salud “fue derrotado el año 2009 en el Tribunal Constitucional por una pretensión similar, de repartir la llamada píldora del día siguiente”.
“Es decir, el MINSA litigó y se opuso durante años a que se le prohibiera repartir dicha sustancia”.
Además, indicó, una de las estrategias del Plan Multisectorial para el Embarazo Adolescente del 2013 del ministerio de Salud contempla “procurar eliminar barreras normativas, ejercer acciones de abogacía para aprobar normas, etc. Es decir, en dicho Plan lo que pretende el MINSA es utilizar todo tipo de estrategias legales para lograr lo que es su visión de la salud sexual y de los derechos reproductivos”.
“No entiendo en qué momento el ministerio de Salud pasó de ejecutar y acatar –como cualquier ente del Poder Ejecutivo– la normatividad dada por el Congreso de la República y la Constitución Política del Estado a generar estrategias comunicacionales, legales y juntarse con ‘grupos organizados’ para cambiar normas que no le gustan”, dijo.
Días antes de que el juez dictara la medida cautelar, recordó Puertas, la ministra de Salud Patricia García, calificaba como una “inequidad” que su organismo no distribuya la píldora del día siguiente.
Esta última declaración, indicó el abogado, apunta a que “no apelarán dicha medida cautelar”, lo cual sería “un escándalo, un ejemplo de clase de lo que es un proceso irregular. Si de algo no puede haber duda, es que al MINSA le encantaría perder este proceso”.
Puertas señaló que el ministerio de Salud “tiene la potestad de tener la visión que quiera, dentro del marco normativo en el que se envuelve, para las leyes está el Congreso de la República y el marco Constitucional. Pero aún si yo estuviera equivocado y el MINSA tuviese esa potestad, es una falta gravísima que no haya informado al Juzgado que la demanda se encontraba dentro de sus intereses”.
El jurista advirtió que los más perjudicados en este proceso son “por un lado, las mujeres en edad de procreación según lo ha sostenido el propio juzgado dado que se analiza una sustancia a ser repartida entre las mismas”.
Sin embargo, advirtió, “el más perjudicado y que constituye evidentemente el debate central es el concebido que es sujeto de derecho en nuestro país”.
El abogado expresó su confianza en que el juez Suárez Burgos “procederá a aceptar nuestro pedido, nos hará parte del proceso y acogerá nuestra solicitud para que se notifique con la demanda a instituciones que protegen los derechos del concebido. Dudo muchísimo que dicho juez se preste a este juego tan escandaloso”.
Promsex y la píldora del día siguiente
Desde 2007, la ONG feminista Promsex ha recibido más de 966.000 dólares para proyectos relacionados con la píldora del día siguiente.
El mayor de los contribuyentes de Promsex para promover esta sustancia ha sido el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con más de 776,000 dólares.
Entre noviembre de 2015 y abril de 2016, Promsex ejecutó el proyecto “Litigio estratégico en anticoncepción de emergencia ante la CIDH” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), financiado por el Centro de Derechos Reproductivos con 12.000 dólares.
En sus 11 años de existencia, Promsex ha recibido más de 800.000 dólares de Planned Parenthood Federation of America (PPFA), multinacional del aborto estadounidense, acusada de traficar con órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones.
La matriz de PPFA, la International Planned Parenthood Federation (IPPF), ha dado más de 358.000 dólares a la ONG feminista peruana en el mismo periodo.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 29 de agosto de 2016
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