La asociación civil Padres en Acción informó de una reciente decisión judicial que los mantiene en pie de lucha por su objetivo: una educación con valores y sin ideología de género para los niños y jóvenes del Perú.
“La Asociación Civil Padres en Acción, informa que acaba de conseguir que se vuelva a evaluar la admisión de la demanda de acción de amparo contra la sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la demanda de acción popular 23822-2017 contra el currículo” del Ministerio de Educación (MINEDU), indica un comunicado del 24 de noviembre.
Alberto González, abogado de Padres en Acción, explicó a ACI Prensa que “presentamos una demanda de amparo pidiendo que se declare la sentencia de la Corte Suprema como violatoria al debido proceso”.
La sentencia a la que se refiere González es la de abril de 2019 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.
La sentencia declaró infundada “en todos sus extremos” la demanda de Padres en Acción contra el MINEDU, presentada a inicios de 2017, y que habría evitado el adoctrinamiento con ideología de género al declarar como inconstitucional e ilegal la aprobación del currículo.
González dijo a ACI Prensa que si bien la acción de amparo contra la sentencia fue declarada improcedente inicialmente, Padres en Acción apeló la decisión y ahora “la Sala ha declarado nula el auto de improcedencia y ha ordenado que se emita una nueva resolución”.
El abogado precisó que “la sentencia emitida por la Corte Suprema a favor del currículo no ha variado, pero todavía no es cosa juzgada constitucional”.
En ese sentido, resaltó el jurista, “estamos seguros que van a admitir a trámite la demanda de amparo porque hemos cumplido con los requisitos. Esperamos que los juzgados y las salas constitucionales sean imparciales”.
Gaby Pacheco, vocera de Padres en Acción, dijo a ACI Prensa que esta decisión judicial “vuelve a poner en la palestra la preocupación de los padres de familia sobre los contenidos que el Ministerio de Educación pretende imponer a través del programa de Educación Sexual Integral (ESI)”.
En este programa, alertó, “se mantiene una visión sesgada de la sexualidad. Su contenido y su aplicación no han sido consultados ni compartidos a los padres de familia”.
“El programa ESI sería una amenaza a los padres pues es un intento del Estado de hacer a un lado a los padres de familia, puesto que en su guía de aplicación no se les menciona”, advirtió la vocera.
Antecedentes
En abril de 2019 la asociación Padres en Acción denunció que el texto escolar “Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica” dirigido a estudiantes de tercero de secundaria, y que forma parte del Currículo Nacional de Educación Básica, motivaba a los alumnos a experimentar el “placer sin límites”, a través de actos como la masturbación, el sexo anal, oral, e incluso prácticas sexuales en grupo con personas del mismo sexo.
Flor Pablo Medina, que entonces era la ministra de Educación, dijo a la prensa que “tendremos que decir cosas muy sencillas como ‘tomen un plumón negro, marquen y borren’”.
“Ese link no puede seguir siendo difundido, maestras y maestros. Tenemos que borrar ese link de la manera más contundente y categórica, y el Ministerio de Educación se compromete”, agregó.
Sin embargo y pese a la controversia, Flor Pablo defendió la permanencia del “enfoque de género” en el currículo nacional.
Ante la comisión de educación, la entonces ministra dijo que “el enfoque de género del Currículo Nacional no tiene nada que ver con ese enlace que ha aparecido en un libro de 3° de secundaria”.
El texto elaborado por el Gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra fue distribuido de manera impresa a los colegios públicos del país y puesto a disposición de manera virtual en el sitio web oficial del MINEDU desde 2018.
Tras reconocer el rechazo que esto suscitó en los padres, la ministra dijo que “donde el material sea insalvable, en realidad, vamos a proceder a darle de baja y a no distribuir”.
En mayo de 2019 el congreso del Perú aprobó interpelar a la ministra pero no llegó a la censura, medida que exige su remoción; aunque la comisión de educación del parlamento sí encontró en ella responsabilidad política. Flor Pablo fue ministra hasta febrero de 2020.
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