Ante un reciente fallo del Poder Judicial en primera instancia que permitiría a una mujer someterse a la eutanasia a través del sistema público de salud, la Conferencia Episcopal Peruana recordó que esta práctica contra la vida “siempre será un camino equivocado”.
En un comunicado difundido este 27 de febrero, los Obispos del Perú señalaron que “la Iglesia, a imitación de Jesús, el Buen Samaritano, siempre atenderá, cuidará y acompañará a los enfermos, en la certeza que toda vida humana es inalienable y tiene un valor infinito porque es don de Dios”.
“La terrible experiencia de la pandemia que estamos sufriendo, y que ha causado la muerte de miles de peruanos, nos ha unido en el incansable esfuerzo por salvar la vida y toda vida hasta el último momento, sin ninguna distinción o excepción, porque nos impulsa el amor al prójimo y reconocer en cada enfermo al mismo Cristo que sufre en la carne del hermano”, señalaron.
“Comprendemos el sufrimiento que Ana Estrada Ugarte viene atravesando a causa de su enfermedad, nos solidarizamos con ella, le ofrecemos nuestra oración y cercanía para que en medio del dolor y la angustia que le ha tocado vivir, abra su corazón a la fe, a la misericordia y al amor de Dios”, añadieron.
A través de su cuenta de Twitter, la Corte Superior de Justicia de Lima informó el 25 de febrero que el Décimo Primer Juzgado Constitucional ordenó “al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia”.
Sin embargo, la resolución declaró improcedente el pedido de ordenar al Ministerio de Salud que emita “una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia para situaciones similares a las de la Sra. Ana Estrada Ugarte”.
Ana Estrada es una peruana de 44 años que padece polimiositis –una enfermedad incurable que la ha dejado en silla de ruedas– y que desde hace unos años reclama al Estado peruano, con el respaldo legal de la Defensoría del Pueblo, el supuesto derecho a la eutanasia.
La acción de amparo fue presentada en febrero de 2020 por la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). Además, pedía que no se sancione penalmente a quienes practiquen la eutanasia. La demanda y la posición del Estado Peruano fueron sustentadas en enero de 2021.
Expertos juristas peruanos han considerado que el fallo en primera instancia del Poder Judicial es inconstitucional y debería ser apelado hasta llegar al Tribunal Constitucional.
Los Obispos del Perú indicaron este 27 de febrero que “en estas circunstancias es valioso recordar el testimonio de tantas personas que han atravesado el misterio del dolor y de la enfermedad desde la vivencia de su fe, encontrando en ella el sentido a su sufrimiento, transformando la fría cama del hospital o de su casa en un auténtico altar, desde donde se proclama el valor de la vida, junto a sus familiares y los que luchan para brindarle los cuidados que merecen”.
“Debemos recordar que la eutanasia siempre será un camino equivocado, porque es atentar contra el derecho inalienable a la vida, causa directamente la muerte de un ser humano y por ello es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia”, explicaron.
La Conferencia Episcopal Peruana recordó además que “la Constitución del Perú establece con claridad que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad; esto es cuidar, respetar y promover la vida desde la concepción hasta su término natural; por tanto, ninguna autoridad puede legítimamente imponerla o permitirla”.
“Es contradictorio y no se debe tolerar que un órgano del Estado Peruano pretenda cambiar una norma constitucional y promueva acciones contra este sagrado principio”, indicaron los obispos.
“Ante este tipo de ordenanzas que pretenden legitimar la eutanasia o el suicidio asistido, todos debemos negar siempre cualquier cooperación formal o material inmediata y, en el total ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, debemos exigir el respeto a la objeción de conciencia, también en el ámbito médico y sanitario, en salvaguarda de los principios de la ley moral natural, de la obligación de proteger la vida y asistirla hasta el final”.
Los obispos invitaron también a “recordar lo que ha dicho el Papa Francisco: ‘La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza’”.
“La dura experiencia de la pandemia en que nos encontramos nos convoca a seguir luchando por la vida y por toda vida humana; por ello, los invocamos a poner nuestra mirada en el Buen Samaritano, para que en el noble servicio del cuidado de nuestros hermanos enfermos, seamos signo de esperanza y fermento de unidad en torno a nuestros más altos valores”, finalizaron.
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