BUENOS AIRES, 28 Oct. 16 / 03:53 pm (ACI).- La Universidad Católica de La Plata (UCALP), particularmente la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias de la Salud, expresaron su desacuerdo con el protocolo nacional de aborto que fue propuesto por la ministra de Salud, Zulma Ortiz, para la provincia de Buenos Aires.
De la misma forma, la asociación civil Familias del Mundo Unidas por la Paz (Fampaz) rechazó la resolución y expresó: “queremos una Argentina sin vidas descartables, donde haya lugar para todos”.
El “protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” fue emitido en abril de 2015 por el Ministerio de Salud Pública de la Nación y es una versión actualizada de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” de 2010, de carácter obligatorio para todas las instituciones sanitarias públicas y privadas del país.
Según el lobby antivida, el nuevo protocolo eliminaría los obstáculos para practicar abortos “no punibles” en las causales de riesgo de vida y de salud de la madre, por violación y aquellas que sufren enfermedad mental.
Las provincias donde ya rige el protocolo son: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El comunicado de la UCALP señala que el protocolo de aborto no punible “dispone la desprotección absoluta de la persona por nacer, lo que contradice normas nacionales (legales y constitucionales) y tratados internacionales”. Asimismo, “no respeta el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud”.
También prohíbe a los “profesionales intervinientes” entregar comentarios, consejos, aportar soluciones o apoyos que puedan llevar a la madre a “reflexionar y decidir” seguir con su embarazo. “Ante el pedido de abortar se obliga al médico a proceder sin demora”, explica el documento.
“Tampoco se le exige a la madre ninguna denuncia previa, ni prueba de la violación, si ese fuera el motivo alegado para intentar encuadrar el aborto en excusas absolutorias del Código Penal que, en rigor, han perdido vigencia a partir de la ratificación de la Convención sobre Derechos del Niño y demás instrumentos de jerarquía constitucional que amparan la vida desde la concepción”.
“Por otro lado, el profesional queda obligado a guardar total confidencialidad, inclusive con el padre biológico de la criatura, aún si éste fuera el propio marido. Tampoco puede suministrar información a los padres de la embarazada que solicita el aborto, cuando ésta tenga entre 14 y 18 años de edad”, cuestiona el comunicado.
La UCALP denuncia que el protocolo “reconoce solamente la objeción de conciencia individual” la que se puede notificar por escrito a las autoridades del centro de salud. Sin embargo, “los profesionales objetores (…) están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo (aborto)”.
“En ese caso el profesional debe remitirla inmediatamente a un profesional no objetor para que continúe la atención. De no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe realizar la interrupción; es decir, que no puede invocar su objeción para eludir el deber de practicar el aborto”.
La UCALP considera relevante “manifestar su disidencia” pues “trata de formar futuros profesionales, tanto en el Derecho como en la Salud, que tengan como prioridad el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural en consonancia con lo establecido en la normativa constitucional y legislativa vigente.”
El 26 de octubre, trascendió en algunos medios locales, que el gobierno bonaerense dejó sin efecto la resolución firmada por la ministra Ortiz y postergará su adhesión al protocolo nacional de aborto no punible.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 11 de agosto de 2016
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