MADRID, 27 Nov. 17 / 10:25 am (ACI).- El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), P. José María Gil Tamayo, presentó las conclusiones de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que tuvo lugar del 20 al 24 de noviembre, donde se habló de la propuesta de ley de ideología de género y sobre la situación de Cataluña tras la declaración ilegal de independencia de España.
Según explicó el P. Gil Tamayo, durante las reuniones el Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Mons. Mario Iceta Gavigogeascoa informó a los obispos sobre la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, también conocida como Ley LGTB, y que fue presentado en el Congreso de los Diputados por el grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea.
El P. Gil Tamayo señaló que “hay que respetar a todas las personas con independencia de sus características” y subrayó que no se trata de “ir en contra de minorías porque la dignidad está por encima de todo, pero el planteamiento de la protección de esta minoría no puede llevar consigo la anulación de los derechos y libertades de los demás”.
Por eso calificó esta propuesta de ley como “una propuesta fundamentalista”, “con visos claramente inquisitoriales” que “preocupa enormemente a los obispos españoles”, así como a otras confesiones evangélicas.
Aseguró que esta propuesta de ley es “totalitaria” y “adoctrinadora” porque pretende imponer “un pensamiento único en todas las esferas de la vida personal y pública, excluyendo toda interpretación” y “quiere controlar desde la escuela hasta los medios de comunicación, sin dar lugar a una diversidad de pensamiento, sino imponiéndolo de modo obligatorio”.
“Aquí nadie se va a poder mover salvo que confiese, con fe religiosa, la ideología de género como un postulado de partido único al que nadie puede renunciar o discrepar so penas que establezca la agencia establecida al efecto para el acatamiento de esta ley”, aseguró el portavoz.
Según explicó el portavoz de la CEE, esta propuesta de ley “presenta para la Iglesia Católica y para otras confesiones religiosas graves dificultades y es un ataque frontal a derechos y libertades fundamentales” y aseguró que “llevaría consigo la asfixia de la libertad”.
Por eso, explicó, la Federación de Comunidades Evangélicas en España entregó el pasado septiembre un informe y una carta al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en donde manifestaba su disconformidad con esta propuesta de ley.
En ese informe de la Federación de las Comunidades Evangélicas se precisaba que esa propuesta de ley “legisla mucho más de lo necesario para garantizar la igualdad en la sociedad” y subraya que “está en clara oposición de las normas jurídicas por la que los padres son libres de educar a sus hijos”.
Esta propuesta de ley sobre igualdad también incluye el control de los libros de las bibliotecas y contempla la destrucción de los que no se ajusten a los criterios establecido.
Otro de los temas fundamentales de esta Asamblea Plenaria ha sido la situación actual de Cataluña después de su declaración fallida de independencia.
Según explicó, los obispos con sede en Cataluña han participado de las reuniones “y han manifestado estar a gusto entre hermanos en esta conferencia episcopal que es la suya”, y aseguró que se ha hablado de este tema “escuchando a los obispos catalanes”.
De cara a las próximas elecciones regionales en Cataluña el 21 de diciembre, el portavoz recordó las palabras del Presidente de la CEE, Cardenal Ricardo Blázquez, durante la sesión de apertura de la Asamblea en donde pedía “el restablecimiento del orden social, el correcto funcionamiento de las instituciones y la realización de un esfuerzo por parte de todos por la cohesión social en la vida pública, eclesial y familiar”.
También recordó que tanto los obispos como los sacerdotes están “al servicio de la comunión eclesial y de la convivencia pacífica de los ciudadanos, y subrayó que la “la Iglesia renuncia a la militancia política”, en relación con el Obispo de Solsona, Mons. Xavier Novell, que votó en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre para la independencia de Cataluña y los sacerdotes que prestaron sus parroquias para el recuento de votos de esa votación anticonstitucional.
En relación a Mons. Novell, el P. Gil Tamayo aseguró que “participó de las reuniones como un obispo más, miembro de la Conferencia Episcopal Española”.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 17 de mayo de 2017
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